Quizás el mito en bioética, como lo califica Susan M. Wolf[1], que mejor se desnuda en nuestro país hoy, a 15 meses de iniciada la pandemia de COVID-19 es cómo ha orillado la ética de la salud pública.

No podemos decir que existiera una descuidada demora en establecer el comienzo de crisis en el cuidado estándar, para establecer donde alocar los escasos recursos humanos, tecnológicos y hospitalarios, aunque no se visualizó la necesidad importante de contar con sociólogos y expertos en ética en salud pública o bioética, para conformar, al menos, el comité científico, que se armara con respeto y cumplimiento por la evidencia probada.

No solo se desconocieron los puntos de contacto que existen entre la ética clínica, la de investigación y la de salud pública, sino que, en un desagradable momento de ignorancia oposición y desafío, y hasta de humillación, prepotencia y soberbia, se dio paso rector a estrategias y uso de medicamentos que no habían cursado por la criba del método científico sino del anecdótico.  Se recetaron así, medicamentos de otro propósito, no probados para el manejo de la enfermedad ni de la infección, y con claras advertencias de sus peligros y no aprobación por la propia industria que los manufactura.

Aparecieron los recibos de onerosas compras de ventiladores, monitores de función cardiopulmonar, camas hospitalarias, insumos hospitalarios básicos, ropas especiales.  En la calle se vendían las máscaras faciales como quien vende verduras, pero a costos exorbitantes.  Se establecieron puestos de ventas de jabones, desinfectantes de superficie, substancias alcoholadas en calles concurridas.  Se extendió sin temores, el apetito higiénico por hacer hospitales y salas hospitalarias en estructuras abandonadas para luego cerrarlos o entender que “el apuro lleva cansancio”, y que se puede engañar a todos por un rato, pero solo por un rato y no a todos.

Entonces, ya se vendían y se compraban, o se compraban y se vendían, pruebas de infección inútiles, pruebas de protección menos útiles, pasaportes para ir y regresa al interior y a las playas, muy útiles. Se diversificó el servicio ambulatorio de todo: comida primero, laboratorios después, bebidas estimulantes y sofocantes más tarde.

Si estas actividades delictivas se hubieran vigilado con el mismo celo que el toque de queda, que la prohibición de pasear un animal fuera de la casa en ciertas horas que no coincidían con las del hábito intestinal del animal, que la protección de la propiedad o el negocio de un partidario o hasta su sepelio, a lo mejor estaríamos muy felices de que se comenzaran a atender la desigualdad y la disparidad social; porque en otros sectores de la sociedad, o, mejor, de la comunidad, se convirtió en delito salir para buscar qué comer, incluso cómo llegar a un centro de salud por una medicina o para encontrar un médico, cómo no quedar abandonado sobre una camilla de hospital en un cuarto de urgencias hacinado de gente enferma y malos olores, quejidos, llantos y premoniciones de muerte.  En estos sectores de la sociedad panameña, probablemente -de haber regresado ya no en campaña electoral aquellas personas que legislan y que gobiernan- se hubiera castigado vivir en hacinamiento, sin ventilación apropiada, sin agua potable y corriente, sin jabón ni gel alcoholado.

Todavía no tenemos toda la historia sobre las vacunas, la vacunación y las oportunidades de delinquir en estos renglones.  Las prioridades que se violaron para dar paso a políticos partidarios, a miembros de la Asamblea Nacional de Diputados y familiares, y de otras instituciones muy lejanas de las conocidas poblaciones de riesgo, la inconsistencia en las directrices de a quién y cuándo vacunar como ocurrió con las mujeres embarazadas y lactantes, a aquellos nacionales que obtuvieron su primera dosis fuera del país y que requerían completar su vacunación con una 2a. dosis en territorio panameño, etc. A esto se suma el descubrimiento de uno de muy probablemente más sitios de vacunación clandestinos, amparados por políticas previas de permitir que cualquiera que puede comprar lotes de vacunas, las puede también aplicar. Y, como si no fuera importante, los políticos le sustraen la responsabilidad higiénica de la vacunación a la institución que por décadas ha sido la responsable de esta actividad y programas.

Tiene la salud pública nacional que entender lo ocurrido y aprender para que lo feo no se repita.  Lo feo no es la falta de preparación, no es la falta de recursos, lo feo es el regreso a los años de fábulas y la perseverancia en el obsesivo deseo de enriquecimiento en la función pública.  Lo feo es seguir honrando la inequidad, la disparidad, la discriminación y la politización en los servicios higiénicos y de salud nacionales.  Hay que contar los fracasos y las declaraciones obscenas de los funcionarios, las ocasiones de discriminación por ideologías y apetitos, dónde han ido los dineros y de dónde vinieron, cuánto ha costado en vidas humanas apartarse de la evidencia científica basada en resultados probados y reproducidos, cómo y por qué se despilfarró dinero y dónde terminó ese dinero, cuánta palabrería vana y soberbia se lució de parte de quienes juraron servir.

Por otro lado, COVID-19 ha hecho más daño porque ha interactuado con otras enfermedades y problemas de salud que encuentra en el tejido social lastimado por la inequidad y otras estructuras sociales que facilitan y promueven enfermedad[2].  Otra responsabilidad de Estado, que no se afronta ni se confronta con el rigor y el vigor que exigen.

Desafortunadamente, el camino se ha trazado para que, con la tercera ola, los niños y los adolescentes, los jóvenes, se constituyan ya en el alto riesgo inmediato.

¿Tiene ya el MINSA una guía de estándares de cuidado para situaciones de crisis de la salud pública?  COVID-19 ha sido contundente, nos ha demostrado qué lejos estuvimos de reconocer la convergencia de fuerzas biosociales, para manejar esta y otras crisis de salud pública. ¿Habrá quedado la lección ética?

[1] Wolf SM: What Has Covid-19 Exposed in Bioethics? Four Myths. The Hasting Center Report. Perspective. https://doi.org/10.1002/hast.1254

[2] Haupt L: Justice through a Wide-Angle Lens. The Hasting Center Report. From the Editor. 24 May 2021. https://doi.org.10.1002/hast.1253