Cuando entran en conflicto los cálculos políticos, las realidades económicas y financieras, y los necesarios aspectos éticos que se constituyen en vanguardia de la justicia distributiva y defensa de los intereses de las gentes, la atención de la salud o se revoluciona o abandona la dignidad de los ciudadanos. Ninguna empresa de este tipo, que implica hacer accesible a todos una priorizada atención de la salud, mientras se exige competencia y rendición de cuentas, es un logro fácil.

En una reforma al sistema de salud todos los elementos son importantes: los pacientes y las condiciones sociales; el equipo de atención; el grado de desarrollo económico y las finanzas del país; las políticas, los valores y la ética de esas políticas de salubridad; los compromisos institucionales y las metas a corto y largo plazo; la epidemiología de las enfermedades; y la eficacia del tipo de sistema político que rige las acciones gubernamentales.

Mientras los médicos reclamamos mejoras salariales, las entidades del ramo confrontan poblaciones más longevas, el resurgimiento de epidemias y la aparición de nuevas; los altos costos por inversión en equipo humano y en tecnologías, y la dificultad de dotar a los centros con el personal mínimo necesario que imparta la atención.

En un sistema bicéfalo como el nuestro, cualquier inversión en una de las cabezas de este monstruo, podría implicar gastos innecesarios y obscenos porque la duplicación siempre ha sido ineficiente, imprecisa y costosa.

La equidad no es un fin, es un medio. Para que todos gocemos de las mismas oportunidades que honran nuestra dignidad de personas, es necesario que se asegure esto. En los servicios de atención médica, la salud tampoco es un fin, es un medio hacia el fin, que es tener una vida productiva. Es necesario señalar las diferencias para que, como miembros de una sociedad solidaria que aspira al bienestar, los derechos individuales se observen en la medida que nutren o mejoran los colectivos.

La gran reforma del sistema de salud de Panamá es la unificación de la atención, único mecanismo capaz de disminuir los gastos de duplicación de servicios, de instituciones y recursos humanos, para atender las crecientes expectativas y demandas de los pacientes.

En esos gastos no incurre solo el sector de la atención pública sino también el de la atención a los asegurados. El ministro de Salud, el director de la Caja de Seguro Social (CSS) y el ministro de Economía tendrán que coincidir y permitir que se organice, bajo el liderazgo puntual de expertos. Pero antes, tendrán que dejar sus apetitos de crear y poseer ejércitos de seguidores, porque la salud es un derecho de todos, que no puede dejarse al arbitrio de bastiones político-partidistas.

El Ministerio de Salud (Minsa) debe dirigir toda su fuerza a la función nada insignificante de regir, modernizar y vigilar la salubridad e higiene del país.

La CSS, responsable hoy de algo más del 80% de la población que recurre por servicios médicos, tiene que convertirse en el verdadero celoso guardián de esto. Para ello es necesario que cree una dirección de atención de salud separada de otra para las prestaciones económicas.

Hoy hay aproximadamente 250 mil asegurados que podrían beneficiarse de instalaciones más cercanas, una vez se unificaran los servicios de atención. La creación de unidades propias de atención por la CSS es una duplicación obscena y costosísima, cuando en la otra acera hay hospitales y clínicas del Minsa que solo necesitan mejoras para que puedan brindar atención a todos los que requieran de sus servicios. Además, la adquisición de personal para estas unidades no solo es imposible, sino que si se lograra solo abonaría en el incumplimiento de horarios de un personal que tiene dos y hasta tres turnos de trabajo diario, repartidos en dos instituciones que ni los supervisan por temor a perderlos. Solo pueden ofrecer así una labor de cuidado y atención expuesta a serios problemas de cansancio y de pérdida de habilidades.

Pero no menos importante es para el asegurado entender, una y otra vez, que solo lo es en la medida de que goza del privilegio de trabajar. Una vez pierde su empleo, en tres meses pierde también los privilegios de atenderse en las facilidades de la CSS y por tiempo desconocido.

Una sola institución de atención médica le asegura a todos los panameños la continuidad de las citas y consultas, sin que importe su condición, o no, de asalariado y cotizante.